Vinimos a construir
un futuro.
Ahora luchamos
por no perderlo.

Antes de nuestra compra ya existía una operación fallida sobre este activo. En 2019, El Confidencial publicó que Tales Carabaña reclamaba documentación y garantías sobre los derechos de las aguas, y recogió las discrepancias con Avalmadrid.

La operación se presentó como un proyecto de «inversores chinos». Nosotros cuestionamos ese relato: sostenemos que la etiqueta oculta una historia societaria anterior y protagonistas que no eran chinos. Pedimos contrastar la composición y evolución de Tales Carabaña con los documentos originales, sin reducir toda la operación a la nacionalidad de una inversora.

Calificamos lo que hemos encontrado de «nido de presuntas irregularidades». Según nuestro testimonio, Avalmadrid no ha respondido al fondo de nuestros requerimientos. Pedimos esclarecer qué se sabía, qué se vendió y qué información se entregó.

En la información de 2019, Banco Popular aparecía entre las entidades vinculadas a Avalmadrid. La prensa también ha recogido la trayectoria de Francisco Aparicio Valls en Banco Popular y su posterior vinculación con Estudio Menchén, despacho cuya actuación cuestionamos en este conflicto.

Cuando hablamos de «circularidad», señalamos una pregunta: ¿cómo se relacionan la financiación, la venta, la intervención de antiguos promotores y la defensa jurídica de una liquidación que podría cambiar otra vez el destino del activo? Pedimos reconstruir ese recorrido, identificar quién intervino en cada fase y examinar los posibles conflictos de interés. Estas conexiones profesionales no prueban por sí mismas una actuación ilícita ni concertada.

Según Roy y Marta, la sociedad no tiene deuda y existen alternativas a la liquidación. Denuncian que Sonsoles Velayos y David Serfaty han dejado de realizar las aportaciones comprometidas y cuestionan por qué impulsan la liquidación. La ausencia de deuda se presenta como la posición de la familia, que debe contrastarse con las cuentas y la situación financiera actual.

Tememos que la pérdida del proyecto permita que el activo vuelva a antiguos promotores o a su entorno. Pedimos investigar ese posible destino y sus beneficiarios; no afirmamos que ese retorno se haya producido.

Según Roy y Marta, Sandra Redondo, de Austral Consulting, debía proteger sus intereses como fundadores. Sostienen que su actuación hizo lo contrario: los dejó expuestos a una cláusula que consideran defectuosa y perjudicial para la continuidad del proyecto. Esa actuación forma parte de sus reclamaciones y de la acción penal que manifiestan haber presentado.

Pedimos que se examine qué asesoramiento se prestó, qué intereses debían protegerse y cuáles fueron las consecuencias. Se trata de la posición de los promotores de esta campaña, no de una responsabilidad judicialmente declarada.

Roy y Marta denuncian que Francisco Aparicio Valls y Francisco Javier Jiménez Juárez, de Estudio Menchén, invocan una cláusula que consideran defectuosa para promover la liquidación. Cuestionan su validez y su aplicación, y piden que se contrasten con los acuerdos y documentos societarios.

Según la familia, se intenta liquidar una sociedad sin deuda, con inversores interesados y un proyecto de bienestar de inspiración islandesa que consideran viable. El interés de inversores no equivale a financiación cerrada; su viabilidad y el estado de los permisos deberán acreditarse con los documentos y estudios correspondientes.

Martínez-Echevarría debía defender nuestros intereses. Roy y Marta denuncian un posible conflicto de interés por la coincidencia de uno de los socios del despacho en Bancor con personas vinculadas a la parte contraria en este conflicto.

Según la familia, esa relación no recibió la explicación que exigían y sus reclamaciones no han obtenido una respuesta al fondo del asunto. Piden esclarecer los cargos, las fechas, las relaciones y su posible efecto sobre el asesoramiento y la defensa recibidos.

Compartir un órgano o una organización no prueba por sí solo deslealtad profesional ni actuación concertada. Pedimos que el posible conflicto se examine con los documentos correspondientes y que el despacho responda.

Pedimos investigar si actuaciones de profesionales del Registro de la Propiedad, del notariado, de la abogacía y de la Administración pudieron responder a una presunta actuación concertada para facilitar la recuperación del activo por antiguos promotores o su entorno.

Esta es una hipótesis denunciada por la familia, no una conclusión judicial. Corresponde examinar cada actuación, los documentos y las posibles relaciones, con garantías para todas las personas afectadas. La pertenencia a una profesión o institución no implica responsabilidad.

Roy y Marta manifiestan haber presentado una acción penal contra Sonsoles Velayos, David Serfaty y Sandra Redondo. Para la familia, es el comienzo de un proceso para esclarecer las responsabilidades, no el cierre de sus reclamaciones.

Solicitamos a Fiscalía Anticorrupción que investigue, dentro de sus competencias, las presuntas irregularidades denunciadas, los posibles conflictos de interés y la eventual actuación concertada en torno al activo. Presentar una denuncia no acredita un delito ni implica condena.

Esta web recoge el testimonio y las posiciones de Roy y Marta. Los documentos judiciales y administrativos no están publicados en esta versión. Las afirmaciones controvertidas deben contrastarse con los expedientes, los originales y las respuestas de los afectados. Corresponde a los órganos competentes determinar las responsabilidades.